Presentación de los resultados del primer semestre de 2021 del Barómetro de Economía

Consello Galego De Economistas
27/04/2021
Barómetro de Economía 1s2021

Fuente: Consello Galego de Economistas

LOS ECONOMISTAS GALLEGOS SEÑALAN EL 2022 COMO EL AÑO EN QUE SE MATERIALIZARÁ LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

 

· El 64% cree que habrá que esperar hasta el próximo año frente al 36% que adelanta la recuperación al último semestre de este año. 

· La mayoría de los economistas gallegos considera que se debería reducir la presión fiscal para incentivar la inversión privada con el objeto de impulsar la recuperación. 

· Un 30 % afirma que se producirá un aluvión de suspensiones de pagos en el segundo trimestre del año, mientras que el 70% restante opina que aunque la situación será complicada no llegará a ser dramática.



La mayoría de los economistas gallegos son pesimistas respecto a las perspectivas de recuperación económica a muy corto plazo: el 64% opina que la recuperación económica se materializará en 2022, frente al 28% que cree que dicha recuperación podría adelantarse al último trimestre de este año. Tan solo un 8% considera que en el tercer trimestre de 2021 podríamos empezar a ver signos positivos.

Los datos se desprenden de los resultados del “Barómetro de Economía” correspondientes al primer semestre de 2021, que edita el Consello Galego de Economistas, órgano que aglutina a los colegios de economistas de las cuatro provincias. El estudio recoge la opinión del colectivo de colegiados economistas gallegos en relación a parámetros clave de la economía provincial, regional y nacional.

En el acto de presentación, celebrado esta mañana y desarrollado en modo Online, participaron la coordinadora del equipo investigador del estudio, Beatriz López Bermúdez y Venancio Salcines, director de la publicación. También asistió nuestro presidente, Miguel A. Vázquez Taín, quien ejerció de anfitrión.

 

Medidas fiscales para impulsar la recuperación económica

En relación con la recuperación de le economía, también se les preguntó a los encuestados sobre si, actualmente, se debería incrementar la presión fiscal, reducirla o no alterar el actual marco impositivo. Un 66% considera que se debería reducir la presión fiscal para incentivar la inversión privada con el objeto de impulsar la recuperación, frente al 25% que no cree adecuado modificar el actual marco impositivo y el 9% que vería con buenos ojos incrementar la presión fiscal reforzando el gasto público.

Son los economistas de Lugo los que más apuestan por dicha reducción de la presión fiscal (78%%) frente a los economistas de Pontevedra, que son los que en menor número se decantan por esta opción (56%). Según la situación laboral de los entrevistados, son los parados y los empresarios o trabajadores por cuenta propia los que más se decantan por la reducir dicha presión fiscal, mientras que los asalariados tanto del sector privado como del sector público son los que apoyan dicha iniciativa en menor medida.

Aluvión de suspensiones de pagos

Inquiridos sobre si consideran cierta la afirmación de que en el segundo trimestre el año veremos un aluvión de suspensiones de pagos, el 30% afirma que dicha afirmación es totalmente cierta, mientras que el 38% cree la situación será complicada, pero sin llegar a ser dramática, y el 32% restante considera que e su entorno habrá empresas que lo pasarán mal, pero serán pocas las que se vean abocada a situaciones de suspensiones de pago.

Factores que afectan a la competitividad

Por último, a los colegiados también se les preguntó su opinión sobre uno de los temas más relevantes de la actualidad económica. En relación a los factores que afectan a la competitividad, y atendiendo a las opciones propuestas por los encuestadores, los economistas entrevistados opinaron que el factor más influyente en la competitividad de la economía es el I+D+i, seguido de la reducción del paro y de la formación. Nivel de consumo, presión fiscal y costes salariales se sitúan en un segundo escalón de importancia, mientras que la influencia del precio de la energía, el acceso a la financiación y el fraude se valoran de manera más marginal.

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